"... En este informe confirmamos que si bien existen avances en algunos países, la mayor parte de ellos mantiene un sistema regulatorio y políticas públicas de radio y televisión que violan la libertad de expresión; que se traducen en prácticas discrecionales y discriminatorias en la adjudicación de frecuencias; que no establecen límites reales a la concentración de medios; que imponen barreras a las comunidades indígenas, las organizaciones sociales y otros medios no comerciales al acceso equitativo, y que, además, disponen limitaciones técnicas y económicas que impiden su desarrollo, lo que deriva en el silenciamiento de voces disidentes y diversas e impacta gravemente a la democracia, situación que se ha venido agudizando con los procesos de convergencia y transición tecnológica. Estos procesos, que avanzan rápidamente, podrían –y deberían- ser una gran oportunidad para garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en condiciones de pluralidad y diversidad. Sin embargo, existe una preocupante tendencia hacia una mayor concentración de medios de comunicación por efecto de la expansión de servicios de quienes ya cuentan con frecuencias del espectro radioeléctrico, por lo que consideramos conveniente que la CIDH determine estándares específcios que permitan tanto el artículo 13º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, como la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de 2000, en materia de regulación de servicios de comunicación audiovisual y radiodifusión, tanto en lo que toca a los entornos existentes como a la transición a los soportes digitales, previa a la adopción de normas nacionales para garantizar una distribución y asignación de espectro compatibles con el Estado de Derecho y el pluralismo." (Introducción)