"El concepto de publicidad oficial abarca todo lo relacionado con las comunicaciones de las entidades territoriales. No solo se trata del dinero que gastan para publicar en los medios de comunicación con anuncios de su gestión. Incluye el dinero destinado a vallas, pancartas, volantes o cuñas, ha
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sta la realización de conciertos, festivales y ferias siempre que estas hagan parte de sus estrategias de comunicación. Este canal de comunicación entre los mandatarios y la ciudadanía debería buscar informar a la población, fomentar el pluralismo, promover políticas públicas y el derecho a tener información verificada de la gestión de los gobernantes. Sin embargo, en Colombia está suficientemente demostrado que la mayoría de estos recursos se utilizan de manera arbitraria y se desvían de estos objetivos para convertirlos en una herramienta de autopromoción. El equipo de investigación de la FLIP le puso la lupa al gasto que hicieron las administraciones durante su gestión en el último cuatrienio. La Fundación solicitó información a las gobernaciones y alcaldías de las ciudades capitales del país y varias ciudades intermedias para estimar el monto del gasto de los últimos cuatro años, datos que están acá recogidos. Así mismo, en este periodo, la organización mantuvo el ejercicio de veeduría a entidades de todos los niveles, durante la pandemia de Covid-19 (2020 - 2021) y el periodo de protestas. Hizo informes detallados de cómo fue el comportamiento del Gobierno Nacional y del Ministerio de Defensa. Además, en 2023, publicó investigaciones puntuales sobre ciudades como Bogotá, Barranquilla y Envigado. Por otra parte, realizó talleres con alcaldías y gobernaciones, y entregó herramientas de buenas prácticas a la Procuraduría, sin que hayan sido acogidas con éxito. Este es, entonces, un esfuerzo por recoger las conclusiones del trabajo del equipo de investigación de la FLIP durante el último cuatrienio, un llamado para que este asunto, poco observado por entes de control, se comprenda con la importancia que merece por los efectos que tiene sobre la ciudadanía, el derecho de acceso a la información y la libertad de expresión." (https://flip.org.co)
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"Las emisoras de paz se encuentran en un punto de quiebre. Esta esperanzadora política de Estado, que se empezó a implementar como una estrategia de reconciliación hace siete años, después de la firma del Acuerdo de Paz, está enfrentando retos profundos, como las amenazas en contra de las emis
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oras que están en funcionamiento y la incertidumbre sobre su sostenibilidad a largo plazo. En 2016, con el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las Farc-EP, las partes acordaron la creación de veinte estaciones radiales en diferentes municipios que resultaban estratégicos para fomentar la convivencia y la reconciliación. Estas emisoras están bajo la dirección del Sistema de Medios Públicos RTVC y la primera emisora se inauguró en Chaparral, en Tolima, el 25 de junio de 2019. Actualmente, operan dieciséis y se estima que las cuatro restantes comiencen a funcionar en el primer semestre del 2024.
Comunicar la paz en un país inmerso en un nuevo capítulo de conflictos territoriales ha presentado desafíos para las y los periodistas. Hablar de iniciativas de paz, de las iniciativas de las comunidades o denunciar la presencia de nuevos grupos supone riesgos e implica que estas emisoras también estén constantemente en la mira. Ante la ausencia de garantías de protección y seguridad, las estrategias que se han empleado son defensivas, como el silenciamiento selectivo de temas y la cautela en sus desplazamientos por los municipios. Esto ha implicado dejar de hablar de ciertos asuntos, cancelar espacios informativos o tener que acudir a la fuerza a encuentros con grupos armados. A esto se suman los señalamientos de funcionarios públicos o figuras políticas hacia las voces que controvierte el poder, la impunidad que empaña la justicia y el impacto psicológico y emocional de trabajar en contextos violentos. Las emisoras de paz se han convertido en un laboratorio para la comunicación y el periodismo y su corta experiencia constata que la reconstrucción de la paz pasa por un cambio en la forma en que se relata y se vive en las regiones. Sin embargo, para que estos proyectos continúen aportando a la reconstrucción del tejido social, es necesario un mayor respaldo y fortalecimiento gubernamental, el diseño de protocolos de seguridad, medidas de autoprotección y la preservación a largo plazo de estos espacios." (https://flip.org.co)
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"¿Cómo proteger a la prensa en un país violento? Desde el 2020, cada año se impone un nuevo récord de amenazas contra periodistas. La cifra del 2022 fue de 218, la más alta de los últimos quince años. Además, dos periodistas fueron asesinados, para un total de cinco en los últimos tres añ
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os. Con estas violencias ocurren múltiples heridas que fracturan la confianza de la gente, que instalan el miedo en los poros de la comunidad y que van trazando un país con puntos ciegos y verdades ahogadas. Estos ataques frustran la posibilidad de compartir información, de hacer seguimiento a los problemas que afectan a la comunidad y poner freno a las arbitrariedades, esas que con frecuencia ocurren en las zonas más conflictivas del país. Ahí, quienes hacen periodismo son blanco de grupos criminales, ya sea porque el Estado no les protege o porque es cómplice. ¿Cómo pedirle a los gobiernos y a las figuras políticas que protejan al periodismo cuando son ellos quienes estigmatizan y desacreditan? Entre abril y julio del año pasado, la campaña electoral para elegir presidente se convirtió en otro campo de batalla. La discusión política transcurrió en medio de altísimos niveles de violencia y se caracterizó por constantes y hostiles mensajes contra la prensa. ¿Quiénes son los nuevos guardianes del territorio? Se trata de periodistas ciudadanos, cuyas figuras emergen especialmente en aquellos municipios, pueblos y veredas donde prácticamente no existen empresas de comunicación. No tienen un guión y la mayoría han aprendido su oficio de manera empírica. Su trabajo es cuestionado por figuras públicas quienes les tildan de activistas, militantes e incluso opositores, buscando agredir a esas voces que vigilan y controvierten al poder local. Es necesario responder a estas tres preguntas para poder entender mejor la radiografía de la violencia que, como en décadas pasadas, vuelve a enfilarse contra la prensa en todo el país. Hacer ese repaso por quiénes son, por qué los amenazan y cuáles son las consecuencias de esos ataques, también supone anticipar que esta situación podría empeorar." (https://flip.org.co)
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