"Este trabajo tiene como objetivo avanzar en la comprensión de una serie de casos del Sistema Interamericano de extraordinario contenido y valor para fortalecer el rol de los jueces en la prevención de situaciones que vulneren el derecho a libertad de expresión, el acceso a la información, así
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como la protección de periodistas." (Introducción)
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"No existe duda alguna que el desarrollo de las TIC representa una oportunidad indiscutible para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho a la comunicación, pues permiten que la ciudadanía tenga un rol protagónico en el desarrollo de los procesos de comunicación e incidencia en las
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políticas públicas y en la defensa y promoción de los derechos humanos. No se debe dejar de lado que las políticas públicas sobre las TIC también inciden sobre el sistema de medios, sobre todo cuando hablamos de la transición del sistema analógico a la digitalización de la radio y la televisión. Este proceso de digitalización tiene que ver directamente con el goce y disfrute de los derechos humanos y no solo con los intereses del mercado. Por ello, urge que los Estados centroamericanos formulen políticas públicas en materia TIC, basadas en principios de equidad, inclusión y de respeto a los derechos humanos, buscando que estas garanticen la pluralidad de voces y abran caminos para el respeto al derecho a la comunicación de la población. Para contribuir a este debate regional hemos desarrollado durante varios meses una investigación diagnóstica sobre los marcos jurídicos y políticas públicas que regulan el derecho humano a la comunicación en el entorno digital, que forma parte del proyecto “Articulación e incidencia ciudadana por el derecho Humano a la comunicación en Centroamérica”. Buscamos con este valioso insumo aportar a la reflexión, el debate y labor de incidencia del movimiento social para plantear la necesidad de generar políticas públicas para el acceso, uso y apropiación de las Tecnologías de la Información y Comunicación, así como analizar y cuestionar el ya iniciado proceso de digitalización de la televisión abierta terrestre en cuatro países de la región: El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua." (Presentación, página 8)
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"Según la información relevada, los grupos titulares respectivamente de las frecuencias de los canales 4, 10 y 12 de Montevideo, en adelante los «tres grandes», mantienen un oligopolio audiovisual basado en una red de medios de comunicación integrados mediante la propiedad directa (tanto indivi
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dual como conjuntamente) o el control por medio de acuerdos estratégicos. En los hechos, siguen siendo los actores dominantes de la televisión abierta y para abonados (por cable y satelital) en todo el país, con la consiguiente dificultad para acceder al mercado de cualquier iniciativa al margen de ellos [...] Si en el mercado de la televisión abierta se analiza la concentración en términos objetivos, esto es, la participación que estos grupos tienen en la audiencia y el porcentaje que obtienen sobre la facturación total, en ambas variables a escala nacional, se observa que controlan el 95,5% del mercado, cifra que significó una facturación de 82,5 millones de dólares durante el año 2010." (Resumen ejecutivo, página 5)
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