"El presente libro rastrea los prejuicios e intereses que se camuflan tras el lenguaje sobrio y formalmente objetivo que el diario El Comercio -publicación de bandera del grupo empresarial mediático más poderoso del Perú- usó para informar sobre el Baguazo, es decir, el conflicto social que el
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5 de junio del año 2009 causó la muerte de 34 personas, durante un enfrentamiento entre los miembros de las comunidades indígenas de la Amazonía y de las fuerzas del orden. Los primeros protestaban contra la decisión del entonces presidente Alan García, de promulgar un centenar de decretos legislativos para favorecer el avance de las industrias extractivas en la Amazonía, sin importar el alto coste ambiental y social que su modelo de desarrollo económico implicaba para los pueblos originarios de esta región." (Descripción de la casa editorial)
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"El objeto de esta publicación es analizar las principales implicaciones del alto nivel de concentración de medios de comunicación existente en el Perú para el ejercicio de la libertad de expresión y el derecho ciudadano a la información respecto de asuntos de interés público, especialmente
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de orden político. En el Perú, como en casi toda América Latina y el Caribe, existe un predominio del sector privado empresarial en el mercado de los medios de comunicación. La expresión máxima del amplio predominio del poder económico en la prensa escrita se produjo en el año 2013, cuando el Grupo El Comercio adquirió la mayor parte de las acciones de la Empresa Periodística Nacional SA (EPENSA) y pasó a controlar aproximadamente 80% de dicho mercado, lo que configura un esquema cuasi monopólico." (Introducción)
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"Consideramos que la adquisición en propiedad del grupo “Epensa” por parte del grupo empresarial “El Comercio”, en virtud de la cual este último grupo concentra ahora el 78% de la lectoría (tiraje) de los medios de comunicación escritos en el Perú, afecta seriamente la libertad de expre
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sión –en especial en el ámbito colectivo y en el aspecto de la indispensable pluralidad y diversidad de la información pública- consagrada en el artículo 13° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH)." (Conclusiones, página 51)
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